El 20 de agosto de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen estableciendo que la Dirección General de Aguas (DGA), ha actuado más allá de sus atribuciones en la dictación de ciertas Resoluciones Exentas y Circulares interpretativas del Código de Aguas.
Los argumentos expuestos apuntaron a que estos actos administrativos exceden las facultades de la DGA, afectando la autonomía de las organizaciones de usuarios de aguas, estableciendo requisitos no contemplados en la normativa vigente y, en algunos casos, contraviniendo la ley.